Copyleft: Una solución en el mundo digital

Los derechos de autor, o copyright, han pasado de moda. En la actual Era de la Información los avances tecnológicos han llevado a nuevas formas de comunicación en las cuales el flujo, la interacción y el intercambio de creaciones artísticas e intelectuales avanza a una velocidad sorprendente. En este marco, el copyright difícilmente puede satisfacer las nuevas necesidades del público el cual, con ánimos de promover la difusión de contenidos, ve el copyright como un impedimento. Como respuesta a este problema, ha surgido copyleft.

Copyleft es una alternativa para el licenciamiento de contenidos digitales a través de un grupo de licencias que permiten la modificación y redistribución de una obra artística o una creación intelectual.

Sin embargo, copyleft no es un sustituto del copyright, puesto que no busca simplemente la distribución de trabajos existentes sino específicamente la de nuevos trabajos surgidos a partir de estos. En otras palabras, copyleft permite acceso y uso libre de información con la intención de fomentar la creación de conocimiento.

Del GNU Project a Twitter

El concepto de copyleft se debe a Richard Stallman, quien fundó el GNU Project (Proyecto GNU) en 1983.

El GNU Project permitía el desarrollo colaborativo de software con la participación simultánea de programadores -que no necesariamente se conocen entre sí- a través del uso de código copyleft, del mismo modo en que hoy en día cualquier persona puede modificar y mejorar un artículo en Wikipedia.

El proyecto evolucionó hasta convertirse en un sistema operativo y tener una licencia copyleft propia: la GNU GPL (General Public License o licencia pública general). Los servidores de páginas como Google y Acceity utilizan Linux, un sistema operativo con licencia copyleft. Incluso el acceso del navegador de Internet Mozilla Firefox utiliza el copyleft. Las dos herramientas de interacción social más populares en la web, Facebook y Twitter, existen también gracias al copyleft, puesto que utilizan un sistema de almacenamiento de datos llamado MySQL fundamentado en este tipo de licencia.

Las ventajas de compartir

Copyleft es, sin duda, una innovación.

A través de las licencias copyleft se benefician tanto todas aquellas personas que hagan uso de sistemas operativos de software libre como los internautas que cuentan con acceso a información que de otro modo no podrían utilizar para crear conocimiento.

Las condiciones de uso varían según la licencia utilizada, pero en términos generales al aprovechar las ventajas del copyleft se debe permitir igual acceso al trabajo resultante en exactamente los mismos términos.

Por su parte, el autor se beneficia de una difusión inmedible de su obra a través del mundo digital. A pesar de que al aceptar la publicación de su material con una licencia copyleft no puede clamar derechos exclusivos sobre su trabajo, el autor puede aprovechar una licencia copyleft como plataforma para darse a conocer y alcanzar un nivel de éxito tal que pueda posteriormente obtener una ganancia monetaria con nuevos trabajos que licencie bajo el copyright. El ejemplo más claro de esto, quizás, es el de músicos desconocidos: es difícil conseguir la atención de una disquera, pero cualquiera puede compartir su música en Internet.

Para más información visite:

* http://www.youtube.com/watch?v=mSzulDyYO4g

* http://www.youtube.com/watch?v=yCWGbCz4-k0

* http://www.youtube.com/watch?v=wb4nYR-zF8I

Escándalo de Wikileaks estremece al mundo diplomático

Bradley Mannings, analista de inteligencia estadounidense situado en Bagdad, Irak, tenía en su poder documentos y videos clasificados. Decidió contactar a Julian Assange, fundador de una organización mediática internacional que publica en su sitio web informes y documentos filtrados de manera anónima. Fue así como comenzó el escándalo de WikiLeaks

Desde el 28 de noviembre están disponibles en el portal www.wikileaks.org 250.000 archivos militares y cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado estadounidense que fueron obtenidos sin autorización oficial.

Estados Unidos ha acusado a Julian Assange de terrorista y desde prisión Bradley Mannings, de 22 años, se enfrenta a la posibilidad de pasar los próximos 52 años tras las rejas.

Cinco gigantes difunden los documentos

Cinco de los periódicos más importantes del mundo han colaborado con difundir los 250.000 documentos facilitados por WikiLeaks: Le Monde (Francia), El País (España), Der Spiegel(Alemania), The New York Times (Estados Unidos) y The Guardian (Reino Unido).

Desde la primera transferencia de Mannings a Assange en mayo de este año, los cinco medios han estado comprobando la veracidad de la información. “Están revelando los documentos que nosotros seleccionamos”, dijo Sylvie Kauffman, Editora Ejecutiva del periódico francés, respecto al modus operandi de WikiLeaks. Los cables que aparecen en el portal webs son publicados a medida que las historias son noticiadas en los medios, lo cual podría hacer pensar que existen estándares periodísticos en WikiLeaks.

Más del tema en:

-http://www.statesman.com/news/world/wikileaks-5-major-newspapers-collaborate-1098286.html?cxtype=ynews_rss

El Once de Septiembre de la diplomacia internacional

A pesar de que es bien sabido que existe el espionaje internacional, hasta ahora los hallazgos de los mismos sólo eran filtrados a la prensa décadas luego de los sucesos investigados. Por primera vez en la historia se conocen opiniones acerca de políticos influyentes, acusaciones de corrupción, indagaciones secretas y violaciones a derechos humanos realizadas por la potencia mundial mientras los gobernantes implicados continúan en ejercicio.

Al respecto la administración del presidente Barack Obama ha acusado a WikiLeaks de poner en peligro las vidas de millones de personas, especialmente de las tropas americanas y británicas que se encuentran en Irak y Afganistán. Sin embargo, aseguró que los documentos militares no revelan información ocultada al público: “Estos temas se han tocado en nuestro debate público acerca de Afganistán y apuntan a los mismos desafíos que me llevaron a conducir una revisión profunda de nuestra política en otoño del año pasado”.

Algunos expertos en diplomacia internacional consideran que la filtración hará imposible desarrollar las actividades diplomáticas entre países tal y como se llevaban a cabo hasta ahora. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowly, afirmó que Washington ha visto algunas indicaciones del debilitamiento de las relaciones diplomáticas puesto que en reuniones que solían involucrar a muchos diplomáticos ahora incluyen a pocos diplomáticos. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Carl Bildt, asegura que ahora el mundo es menos seguro.

En un viaje a Qatar, Franco Frattini, Ministro de Relaciones Exteriores de Italia expresó que el contenido de los documentos perturbaría los niveles de confianza entre los países, catalogando al caso como el Once de Septiembre de la diplomacia internacional.

Gobiernos en ridículo

Los informes y las denuncias incluyen comunicaciones entre el Departamento de Estado y las 297 embajadas, consulados y misiones en todo el mundo.

Políticos de Rusia, Afganistán y países asiáticos son acusados de corrupción. En Latinoamérica, la salud mental de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, es puesta en duda, mientras el primer mandatario venezolano y su homólogo nicaragüense son vinculados con el narcotráfico de la región. En Europa, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy es calificado de narcisista y Silvio Berlusconi, Primer Ministro de Italia, figura como un playboy geriátrico.

Sin embargo, la Unión Europea ha expresado su apoyo al gobierno estadounidense, aseverando que la comunicación confidencial entre los gobiernos es necesaria para evitar conflictos y promover estabilidad en el sistema internacional. Asimismo, el presidente paraguayo Fernando Lugo aseguró el miércoles que los informes revelados acerca de Paraguay no afectarán las relaciones bilaterales con Estados Unidos mientras países como Turquía y Rusia se limitaron a defenderse de las acusaciones reflejadas .

Más de las reacciones alrededor del mundo:

-http://www.laprensa.hn/Especiales/Ediciones/2010/12/01/Noticias/Siguen-las-reacciones-tras-revelaciones-en-WikiLeaks

-http://euobserver.com/891/31378

Alcalde Ocariz pidió no politizar la lucha contra la violencia

FALTA DE COOPERACIÓN DEL OFICIALISMO AFECTA SEGURIDAD DE VECINOS DE SUCRE

Mario Silva acusó al director de la policía municipal de vivir en Miami a expensas de la institución

Mariana Bernárdez S.

El Municipio Sucre alberga aproximadamente a 1950 barrios y 45 urbanizaciones, y es hogar de 651.601 habitantes, según la proyección estimada por el Instituto Nacional de Estadística a partir del censo poblacional realizado en el 2001. A pesar de su extensión y densidad poblacional, la seguridad de los sucrenses al culminar la gestión del ex alcalde José Vicente Rangel Ávalos dependía de 180 funcionarios, 13 motos, 7 patrullas y una Academia de Policía clausurada.

A pesar de los pocos recursos humanos efectivos y financieros disponibles, la actual gestión del alcalde Carlos Ocariz ha hecho esfuerzos por disminuir la violencia en el municipio. Aún así, la falta de cooperación por parte del Gobierno central y algunas instancias oficialistas en materia de seguridad ha dificultado la resolución de estrategias y políticas efectivas en la lucha contra el crimen en el municipio.

Ángel Alvarado, antiguo Director de la Oficina de Análisis Estratégico, afirma que se han dado avances en las negociaciones con el gobierno central, pero no son suficientes: “el año pasado, por ejemplo, la reinserción del municipio en el Plan Caracas Segura fue muy positivo, pero hay mucho camino por recorrer. Tanto la policía municipal como nosotros en la alcaldía estamos haciendo un esfuerzo por atacar el problema de la inseguridad, pero con una plataforma institucional que permitiera coordinar las actividades de los distintos organismos policiales que trabajan en el municipio, los resultados serían más contundentes”.

Negativas de colaboración

Desde su toma de posesión en diciembre de 2008, el edil ha puesto como prioridad en su agenda asegurar el resguardo de los sucrenses. Sin embargo, politizaciones en la jurisdicción han entorpecido las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana.

En enero del 2009 el Director de la Policía de Sucre (PoliSucre), Comisario Manuel Enrique Furelos, fue informado de que tras una reunión de Coordinación Policial en la sede del Ministerio de Interior y Justicia, la Policía de Miranda y el cuerpo policial que él dirige fueron eliminados del Plan Caracas Segura. “No me dieron explicaciones. Simplemente me dijeron que eran ‘órdenes de arriba’”, aseguró Furelos.

La expulsión de PoliSucre de este plan de seguridad trajo como consecuencia la retirada de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana en la jurisdicción, así como también la clausura de un módulo policial en la Parroquia Caucagüita como consecuencia de una redistribución de oficiales municipales. Esto trajo como resultado una protesta en la vía pública por el descontento de los habitantes del Barrio Negro Primero, pero lo más grave de la situación fue la imposibilidad de atacar los delitos relacionados con el tráfico de drogas ya que por ley las policías municipales sólo tienen carácter preventivo y no pueden realizar investigaciones criminalísticas.

Por otro lado, el alcalde y representantes del CICPC, PoliMiranda y PoliSucre se reúnen semanalmente para estudiar los hechos de la semana anterior y definir las estrategias de la semana siguiente. “A partir de un reporte que incluye estadísticas y patrones de comportamiento del crimen, se precisa el modus operandi para combatirlo”, explicó el Comisario Furelos. “Esto ha estado en marcha desde enero del año pasado y se ha invitado antes la Policía Metropolitana y ahora a la Policía Nacional en numerosas oportunidades para definir tácticas más efectivas, pero nunca han asistido”.

Para el Inspector Jorge Pita, el trabajo conjunto de los diferentes cuerpos de seguridad podría significar una disminución considerable de homicidios y otros delitos porque implicaría, entre otras cosas, una distribución óptima de los mismos según sus competencias y una clara definición de las facultades y responsabilidades de cada uno: “PoliSucre, por ejemplo, se especializa en el patrullaje a pie, el cual es vital por las características de los barrios. Si estableciéramos un vínculo entre todas las policías, podríamos enfocarnos en nuestras destrezas para ser más efectivos y eficientes”.

Por su parte Furelos reconoce la importancia del trabajo en equipo para combatir la delincuencia: “el año pasado, durante las elecciones del 15 de febrero, se prohibió la venta de alcohol y los efectivos del Plan República estuvieron en la calle, pero se exigió el acuartelamiento de los demás organismos de seguridad y fue el fin de semana más sangriento de la gestión. Necesitamos trabajar mancomunadamente si queremos vencer este problema”.

Trabas municipales

Dentro del presupuesto realizado por la gestión de Rangel Ávalos para el 2009 no se contempló la mejoría del sistema de seguridad municipal. Por ello, en febrero de de ese año Ejecutivo Municipal solicitó a la Cámara Municipal la aprobación de un crédito adicional para el equipamiento de PoliSucre y la contratación de nuevos oficiales.

Diez meses luego de la primera solicitud y tras negociaciones con la Cámara Municipal, la consignación de firmas de habitantes del municipio y protestas de diversos sectores de la sociedad -incluidos algunos Consejos Comunales-, el crédito fue aprobado en el último trimestre de 2009, cuando ya se discutía el presupuesto para el 2010.El cuerpo legislativo, compuesto por doce concejales miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y una concejal de Primero Justicia (PJ), rechazó la petición en ocho oportunidades, alegando que no se especificaba el destino del crédito. Sin embargo, en las solicitudes se detallan la compra de 25 patrullas, 50 motos, 850 uniformes, el aumento salarial de los funcionarios y la contratación de 40 policías de circulación.

Frente al descontento dentro de la policía por la promesa vacía de un aumento salarial y de nuevos equipos, el alcalde fue a la sede ubicada en La Urbina para explicar a los funcionarios la situación con la Cámara Municipal. Asimismo, aseguró que continuaría pidiendo el crédito adicional y que una vez aprobado se les pagarían los bonos atrasado. También recordó que durante la gestión anterior a la suya fueron aprobados 240 créditos, algunos de ellos con poca o ninguna sustentación.

En búsqueda de soluciones

En su plan de gobierno, “El Chamo de Petare” propone la refundación de PoliSucre y el trabajo con la ciudadanía a través de la implementación de diez planes como políticas para ponerle fin a los delitos en el municipio. Al año de asumir la alcaldía, se han desarrollado 5 de esos planes, se ha alcanzado un total de 72 patrullas, 120 unidades motorizadas y más de 1000 funcionarios en servicio activo, se reabrió la Academia de Policía y se reactivaron las brigadas juvenil, canina y ciclista de PoliSucre.

En materia vial, se han incorporado 100 oficiales de circulación y el año pasado dos canales de contraflujo en Palo Verde y en El Llanito instaurados con la ayuda del Instituto Autónomo de Transporte redujeron el tiempo de tránsito de 70 a 15 minutos para quienes se movilizan de Petare a El Marqués.

En cuanto a los homicidios, se redujeron un 23% con respecto al año 2008 y hasta el momento, luego de un aumento del 14% en el presupuesto del 2010 para la adquisición de equipos, también se han reducido durante este año con respecto al 2009.

Estos resultados no se deben al gobierno central, ni exclusivamente a la alcaldía o a la policía, sino también a la colaboración de la comunidad. Durante la negativa ante la aprobación del crédito adicional, el sector privado, vecinos de Los Chorros, Sebucán y El Llanito y el Consejo Metropolitano y la Alcaldía Mayor donaron patrullas y motocicletas para incrementar el patrullaje en el municipio. Por su parte, el diálogo con asociaciones y Consejos Comunales para dictar talleres de seguridad y prevención ciudadana han derivado en una alta participación por parte de los habitantes del municipio, quienes además han ayudado a identificar patrones de comportamiento de bandas delictivas gracias a las denuncias realizadas a través de la recién instalada Oficina de Atención a la Víctima y su línea telefónica.

Retroceso

A pesar de la negativa inicial, luego de seis meses de reuniones con el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, PoliSucre fue reintegrada al plan. “Tuvimos una reunión muy positiva según el propio Ministro y ahora nuestra policía entra nuevamente al Plan Caracas Segura. Efectivos de Polimiranda, Guardia Nacional, Policía Metropolitana y PoliSucre trabajarán mancomunadamente para reducir los índices delictivos en nuestra jurisdicción”, expresó el alcalde en una rueda de prensa el 11 de agosto del año pasado. Una semana después, el apoyo permitió la desarticulación de una banda que operaba en Petare al atrapar a uno de sus cabecillas, un joven apodado Chuchín.

No obstante, el 15 de junio, Mario Silva hizo un llamado a Ministro para denunciar la supuesta agresión por parte de PoliSucre al candidato a diputado para la Asamblea Nacional, Jorge Amorín. Silva afirma que el militante del Psuv fue amenazado con disparos al aire, mientras un oficial del cuerpo policial asegura que el chofer de Amorín fue detenido por no llevar casco mientras manejaba una motocicleta, lo cual es motivo de multa. De cualquier manera, El Aissami responsabilizó a Ocariz de la integridad física del aspirante a la asamblea e informó que su despacho iniciará una investigación a PoliSucre.

Ante las acusaciones, el alcalde respondió con una carta en la cual expresó su sorpresa ante los señalamientos luego de la “relación fructífera iniciada el año pasado”. Asimismo, invitó al ministro a hacerle llegar cualquier medio probatorio de tal inculpación y solicitó formalmente que se proveyera de protección al candidato durante el tiempo que resta de campaña electoral para garantizar su seguridad personal.

Hasta la fecha, semejantes aprobatorios no han llegado al Despacho del Alcalde ubicado en las instalaciones del Edificio Prestigio Giorgio, en Boleíta.

Presidente Chávez afirma que ya han sido creadas 214 comunas

LEY ORGÁNICA AFIANZA AL SOCIALISMO EN VENEZUELA

Alcaldes de todo el país se reunirán este viernes en Caracas para discutir la Ley de Comunas y sus implicaciones

Mariana Bernárdez S.

El pasado 22 de junio fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica de las Comunas, la cual busca la refundación del Estado hacia un modelo socialista y el control del mismo por parte del Ejecutivo usando como pretexto el protagonismo del pueblo en el Poder Popular.

La Asamblea Nacional, la cual cuenta con una mayoría parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), declaró “de urgencia reglamentaria” el contenido de esta ley, lo cual evita un referéndum constitucional como el que fue rechazado en el 2007.

A pesar de que se han realizado Jornadas de Debate sobre la Ley de las Comunas en el territorio nacional, el dirigente comunitario del Casco Histórico de Petare, Franklin Aguiar, afirma que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social explica la ley pero no se debate: “dicen lo que les conviene de la ley, como les conviene, dizque dando protagonismo a la gente mientras que en el fondo las decisiones las toma el gobierno nacional”.

Control estatal a través del Poder Popular

La Ley de Comunas establece en su Artículo 2 que se rige por principios y valores de democracia participativa y protagónica, de autogestión y autogobierno, pero la exposición de motivos de la misma expresa que las comunas siguen los planteamientos fijados en una Carta Comunal que surge del Plan Político Estratégico Comunal formulado según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En este sentido, a pesar de surgir por iniciativa de los ciudadanos, en última instancia la comuna está supeditada a los lineamientos aprobados en Consejo de Ministros con la presencia del Presidente de la República.

Por otra parte, de manera indirecta el Ejecutivo Nacional prescribe a quienes delimitan las acciones de las comunas y decide también en qué se utilizarán la mayoría de los recursos dispuestos para ellas. Según el proyecto de ley, los Distritos Motores del Desarrollo, designados directamente por el Ejecutivo, “son quienes crean, consolidan y fortalecen la organización del poder popular y de las cadenas productivas socialistas en un territorio delimitado”. Adicionalmente, los Bancos de las Comunas deben el Decreto de Creación de estos distritos y el Plan de Desarrollo Económico de la Nación para ser acreedores de recursos.

Invasión de competencias

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional asegura que la ley está dentro del marco de la Constitución Bolivariana. Sin embargo, en el instrumento legal se mencionan términos como los Distritos Motores de Desarrollo, las entidades locales socialistas, el Estado Comunal, los jueces comunales, la jurisdicción especial comunal y las ciudades comunales, que no se encuentran en la Carta Magna y carecen de validez dentro de la actual legislación venezolana.

Por su parte, el diputado Darío Vivas declaró ante los medios que la oposición venezolana intenta desprestigiar a los Consejos Comunales y a las comunas: “contrario a lo que dicen, las alcaldías y gobernaciones mantendrán intactas las competencias que les confiere la Constitución”.

No obstante, según lo establecido en el Artículo 4 de la ley, “la constitución de la comuna podrá o no coincidir con los límites político-administrativos de los estados, municipios o dependencias federales”. Esta aseveración atenta contra la división político-territorial establecida en la Constitución, concentra la gobernabilidad en las comunas -dejando de lado la gestión de las alcaldías y gobernaciones- e intrinca la asignación de partidas presupuestarias especiales que las alcaldías deberían destinar a ellas según la ley.

Al respecto, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, declaró en rueda de prensa que las partidas no estarían adecuadas a los planes aprobados por los concejos municipales sino desarrollados según los lineamientos que dicte el Presidente, y que el dinero de las comunas estaría determinado por el poder central. De igual forma, en una entrevista realizada por Globovisión el pasado 3 de julio, calificó a las comunas de entidades ideológicas más que organizacionales, juzgando que “si usted no cree en el socialismo, en el comunismo o en el marxismo, está excluido de su gestión local”.

En el Municipio Sucre, durante una caminata en rechazo a la ley llevada a cabo en el Barrio Maca de Petare, el candidato a diputado de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera expresó que la ley “trata de darle más poder al gobierno a través de un embudo, no más poder al pueblo”.

Igualmente, Julio Borges señaló que la ley busca la fundación de un Estado Comunal que tenga a las comunas como células fundamentales “y eso atenta contra las alcaldías. Los municipios son las entidades fundamentales de la gestión local. La ley decreta la asfixia de las alcaldías, gobernaciones y Consejos Legislativos para instaurar la figura de los vicepresidentes regionales al estilo cubano”.

Comunas, Consejos Comunales y socialismo

Mientras en los Consejos Comunales hay consultas para formalizar un Presupuesto Participativo que responda a las necesidades de la población, en las comunas se pretende establecer una organización de trabajo denominada Sistema Económico Comunal en el que sólo se podrá operar bajo principios socialistas que eliminan la división del trabajo y colocan la propiedad social por encima de la individual.

En el portal del Ministerio el Poder Popular para las Comunas y la Protección Social, la Ministra Isis Ochoa afirma: “la Ley de Comunas no es más que una expresión amplia de lo que se ha venido realizando en los Consejos Comunales”, pero estos últimos son entidades de organización comunitaria circunscritos en los municipios que no pretenden la construcción de un sistema económico de propiedad social, mientras que las comunas, tal y como se expresa en la ley, son “un modelo socioeconómico legitimado por el Estado (…) que en el caso venezolano responde a los principios para la construcción del socialismo del siglo XXI” y buscan la cimentación de una economía socialista amparada en el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal que aún no ha sido aprobado.

Tanto en el Proyecto de Ley del Sistema Económico Comunal como en la Ley de Comunas, se establece que los Consejos Comunales deben participar en la construcción del socialismo. En el caso de la segunda, su Artículo 11 señala que una Comisión Promotora debe coordinar con los Consejos Comunales para difundir la información y promover la instalación de las comunas socialistas. Al respecto, el dirigente comunitario de la Parroquia La Dolorita, Abraham Blandín, opina que por esta partidización se ha evitado la conformación de Consejos Comunales con integrantes opuestos al gobierno: “la Comisión Local Presidencial del Poder Popular no está registrando a los Consejos Comunales que no sean oficialistas. La explicación que me dieron es que se está tratando de rescatar a los chavistas que alguna vez trabajaron como voceros o en los Comités de Trabajo, y como en las últimas elecciones en varios consejos ha ganado la oposición, entonces no los aceptan. Lo que quieren es implantar su modelo a como dé lugar y eso es antidemocrático”.

Según Ochoa, actualmente existen 36 mil Consejos Comunales constituidos, 10.670 en proceso de adecuación y 21.276 comités electorales designados para la consolidación de nuevos consejos. Ello significa que actualmente existe cabida para la creación de 36 mil comunas socialistas y potencialmente para otras 31.946.

En el 90% de los homicidios acaecidos en Caracas se utilizan armas de fuego

DEBILIDAD INSTITUCIONAL DEJA PASO LIBRE A LA INSEGURIDAD EN VENEZUELA

Inspector de la Policía de Sucre afirma que sólo el 2% de los detenidos por ese cuerpo policial son procesados por la Fiscalía

Mariana Bernárdez S.

En la madrugada del pasado 8 de mayo Aidé Bastidas* se despertó con el sonido de varias detonaciones y el quebrar de una ventana de su hogar en el barrio Bolívar de Petare. Dos oficiales de la Policía de Miranda disparaban contra un rancho y recibían fuego de varios integrantes de la banda más peligrosa del sector. “Estaban buscando a Ñuñú y lo mataron. Era un malandro, y a los malandros hay que acabarlos, pero no pueden empezar a disparar contra una casa, hay que agarrarlos en la calle. Hirieron a la hermana y a la mamá con un tiro que le entró por una nalga y le salió por la otra. Esos policías son dos hermanos, uno corrupto y otro que no. El corrupto sabía que iba a haber una fiesta ahí porque hace negocios con la banda, pero no podían agarrar la justicia en sus manos así”. Efectivamente, Danny José Villegas fue ajusticiado, pero junto a él otros cuatro ciudadanos acabaron en el hospital con heridas por arma de fuego.

Según la encuesta Ómnibus 2009 realizada por Datanálisis, la inseguridad es el tema que genera mayor preocupación en los caraqueños, quienes demandan una mayor eficacia en la lucha contra el crimen pero también un control de los excesos de la acción ilegal de las autoridades policiales. En este sentido, el sistema policial venezolano necesita ser reformado de manera tal que se garantice el derecho a la protección a través de los órganos de seguridad y también el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todos los venezolanos por parte de los mismos tal como lo establece el Artículo 55 de la Constitución.

Un círculo vicioso

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Paz de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1998 ocurrieron 63 homicidios por cada 100.000 habitantes en la capital. En cambio, en el 2007 la tasa ascendió a 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además de representar un incremento del 106,35%, ambas tasas están muy por encima de los estándares internacionales de normalidad, los cuales contemplan 8,8 homicidios por cada 100.000 habitantes como la media mundial en condiciones normales y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en los conflictos bélicos.

Por su parte, en un informe del Observatorio Venezolano de Violencia del año 2007 la desigualdad provocada por un urbanismo acelerado, el aumento de la educación y el desempleo –como incremento de las aspiraciones e imposibilidad de satisfacerlas-, y la pérdida de valor de la familia y de la religión católica como controladores sociales han influido significativamente en el incremento de la expresión de la violencia hasta llegar a un aproximado de 12.000 homicidios en el año 2009.

Al incremento del número de homicidios se añade la desconfianza de la población hacia las fuerzas policiales. “Mientras menos se confíe en la policía, menos denuncias son hechas y ello influye directamente en la formulación y aplicación de políticas públicas para combatir este problema”, declaró Ángel Alvarado, antiguo Director de la Oficina de Análisis de Entorno de la Alcaldía de Sucre.

En una encuesta desarrollada por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en 2007, el 52% de los encuestados que habían sido víctimas de delitos violentos afirmaron no haber hecho las denuncias correspondientes por considerar que éstas no serían tomadas en cuenta por las autoridades. Al respecto, Betty Díaz, quien perdió a un hijo en manos del hampa, afirma que el problema está en que la realización de una denuncia es un proceso burocráctico exagerado “como para tomarse la molestia sabiendo que no se llegará a ningún lado”.

Freno de una reforma

En abril de 2006, el entonces Ministro de interior y Justicia, Jesse Chacón, creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) en una búsqueda por responder al creciente problema de la delincuencia en el país. Para ello, consultó con expertos, políticos, gobernantes y politólogos, se realizó una encuesta de victimización en todo el territorio y finalmente se elaboró un informe con recomendaciones para el Ejecutivo Nacional, quien según la Constitución debe elaborar los lineamientos para el diseño de las políticas de seguridad ciudadana.

Entre las recomendaciones, se encontraban el lograr un sistema integrado de naturaleza civil –y no militar- que permitiera la coordinación entre los cuerpos policiales, la creación de manuales de procedimiento e ingreso formales y la regulación de las mismas mediante la rendición de cuentas no sólo dentro de los cuerpos de seguridad sino también hacia la ciudadanía. En definitiva, se buscó propiciar una policía civil, profesional y respetuosa de los derechos humanos, pero el esfuerzo se vio truncado con el nombramiento de un ex militar como nuevo Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia quien, según el profesor Roberto Briceño-León en su informe La policía y su reforma en Venezuela, descartó el estudio por calificarlo como “de derecha” y no “socialista”.

Las recomendaciones pasaron al olvido hasta la creación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mediante el Decreto No 5.895 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional por iniciativa del presidente Hugo Chávez, quien hizo uso de las facultades que le otorgó la Ley Habilitante del 1 de febrero de 2007.

En el portal web de la PNB se hace referencia a los planteamientos de Conarepol, en donde se había sugerido la creación de una policía de este tipo. Según sus recomendaciones generales, la Policía Nacional debía cumplir funciones exclusivamente en situaciones con implicaciones internacionales, en situaciones que representaran multiplicidad de intereses en conflicto y en situaciones con desproporción manifiesta entre víctimas y victimarios. En cambio, la PNB que fue presentada al país en cadena nacional por la Secretaria del Consejo Nacional de Policía, Soraya Alchakar, como un modelo policial “de servicio público, de carácter civil” posee una Comisión Contra el Delito dentro de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) bajo la dirección de Freddy Bernal y tan sólo tres meses después de su creación –en marzo del 2010- efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), institución militar con competencias que no incluyen la actuación dentro de las zonas urbanas a menos de que una alteración en el orden del país lo amerite, engrosaron las filas de la PNB para completar 905 funcionarios según declaraciones del Primer Mandatario en un Consejo de Ministros transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) . En junio de este año, oficiales de la GNB pasarán a conformar el 25% de la PNB.

Impunidad en el sistema penal judicial

María Elena Delgado ha perdido a dos hijos en enfrentamientos entre bandas en Barrio Unión, al sur de Petare. “No es cuestión de poner o no poner la denuncia. Yo sé quién mató a mi hija, que estaba ahí afuera de mi casa tranquilita, pero si lo agarran la Fiscalía lo suelta en 2 días y, ¿para qué se va a meter un policía en ese rollo de que después un malandro lo ande buscando porque está suelto por ahí?”.

La impunidad no es sólo para los delincuentes comunes. Según un informe del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), actualmente 1.700 funcionarios de la Policía Metropolitana se encuentran “sometidos a investigación penal” en la Fiscalía y entre enero del 2009 y enero del 2010 se registraron 142 delitos cometidos por organismos de seguridad. De esos delitos, 49 corresponden al CICPC y sólo en 14 de ellos aparecen reflejados los imputados. Más grave aún, sólo 2 han sido sometidos a detención. Asimismo, un estudio realizado por la Alcaldía de Chacao en conjunto con LACSO muestra que sólo el 1,4% de los 6.034 funcionarios investigados por ajusticiamientos entre el año 2000 y el año 2005 fueron condenados.

Con un sistema penal judicial que no se ocupe de enjuiciar a los delincuentes, uniformados o no, el grave problema de la inseguridad no ve luz para solucionarse. Muchos oficiales habitan en los mismos barrios y sectores que los delincuentes a quienes deben apresar. Sin la garantía de que al cumplir su labor quienes sean detenidos se enfrentarán a la ley, los oficiales están desmotivados a ejercer su función policial debido a que el hacerlo puede representar una amenaza para su integridad física y la de sus familiares. Asimismo, los bajos sueldos de los oficiales y la impunidad que también ellos tienen en el sistema penal judicial son una tentación para aliarse con los mismos delincuentes a quienes se supone deben apresar.

Planes enfocados en cantidad, no calidad

Desde enero de este año, el Primer Mandatario ha anunciado diversos operativos especiales en carnaval, el fin de semana del 19 de abril y Semana Santa enfocados en la prevención de delitos en las vías públicas. También ha anunciado otros como el Plan de la Guardia del Pueblo, el Plan Caracas Segura 2010 y el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana orientados a aumentar la cantidad de funcionarios para prevenir delitos. Sin embargo, el problema no radica en la cuantía de equipos y funcionarios ni sólo en la prevención de los delitos, sino en la formación –o falta de ella- de los mismos y en el tipo de represión utilizado -o no- contra la violencia actual.

En una encuesta de victimización realizada por LACSO, el 93% de la población considera que los oficiales están involucrados en los delitos que ocurren en Caracas y en el informe La policía y su reforma en Venezuela, el profesor Roberto Briceño-León asegura que en Venezuela “tres de cada seis venezolanos piensa que los funcionarios siempre cometen los delitos mientras seis de cada diez opinan que lo hacen a veces”.

En contraposición con el aumento de oficiales y su dotación, el Plan de Prevención de Seguridad promulgado por el presidente busca llegar a la creación de la Policía Comunal, la cual propone un sistema de rendición cuentas a la comunidad a través de los Consejos Comunales como mecanismo para conseguir la confianza de la ciudadanía. No obstante, la solución depende del diseño de un nuevo modelo policial que implica un cambio de perspectiva y cultura al interior de la policía y demás autoridades involucradas en la seguridad nacional. El nuevo enfoque no sólo debe fomentar la cooperación entre cuerpos policiales para aumentar la eficiencia del sistema, sino también incluir lineamientos claros aplicables a todas las instituciones de esa naturaleza que guíen la regulación de las mismas respetando la dignidad y los derechos humanos.

* El nombre ha sido cambiado por petición de la declarante

PORTAL WEB DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA: http://www.policianacional.gob.ve/

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