En el 90% de los homicidios acaecidos en Caracas se utilizan armas de fuego

DEBILIDAD INSTITUCIONAL DEJA PASO LIBRE A LA INSEGURIDAD EN VENEZUELA

Inspector de la Policía de Sucre afirma que sólo el 2% de los detenidos por ese cuerpo policial son procesados por la Fiscalía

Mariana Bernárdez S.

En la madrugada del pasado 8 de mayo Aidé Bastidas* se despertó con el sonido de varias detonaciones y el quebrar de una ventana de su hogar en el barrio Bolívar de Petare. Dos oficiales de la Policía de Miranda disparaban contra un rancho y recibían fuego de varios integrantes de la banda más peligrosa del sector. “Estaban buscando a Ñuñú y lo mataron. Era un malandro, y a los malandros hay que acabarlos, pero no pueden empezar a disparar contra una casa, hay que agarrarlos en la calle. Hirieron a la hermana y a la mamá con un tiro que le entró por una nalga y le salió por la otra. Esos policías son dos hermanos, uno corrupto y otro que no. El corrupto sabía que iba a haber una fiesta ahí porque hace negocios con la banda, pero no podían agarrar la justicia en sus manos así”. Efectivamente, Danny José Villegas fue ajusticiado, pero junto a él otros cuatro ciudadanos acabaron en el hospital con heridas por arma de fuego.

Según la encuesta Ómnibus 2009 realizada por Datanálisis, la inseguridad es el tema que genera mayor preocupación en los caraqueños, quienes demandan una mayor eficacia en la lucha contra el crimen pero también un control de los excesos de la acción ilegal de las autoridades policiales. En este sentido, el sistema policial venezolano necesita ser reformado de manera tal que se garantice el derecho a la protección a través de los órganos de seguridad y también el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todos los venezolanos por parte de los mismos tal como lo establece el Artículo 55 de la Constitución.

Un círculo vicioso

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Paz de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1998 ocurrieron 63 homicidios por cada 100.000 habitantes en la capital. En cambio, en el 2007 la tasa ascendió a 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además de representar un incremento del 106,35%, ambas tasas están muy por encima de los estándares internacionales de normalidad, los cuales contemplan 8,8 homicidios por cada 100.000 habitantes como la media mundial en condiciones normales y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en los conflictos bélicos.

Por su parte, en un informe del Observatorio Venezolano de Violencia del año 2007 la desigualdad provocada por un urbanismo acelerado, el aumento de la educación y el desempleo –como incremento de las aspiraciones e imposibilidad de satisfacerlas-, y la pérdida de valor de la familia y de la religión católica como controladores sociales han influido significativamente en el incremento de la expresión de la violencia hasta llegar a un aproximado de 12.000 homicidios en el año 2009.

Al incremento del número de homicidios se añade la desconfianza de la población hacia las fuerzas policiales. “Mientras menos se confíe en la policía, menos denuncias son hechas y ello influye directamente en la formulación y aplicación de políticas públicas para combatir este problema”, declaró Ángel Alvarado, antiguo Director de la Oficina de Análisis de Entorno de la Alcaldía de Sucre.

En una encuesta desarrollada por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en 2007, el 52% de los encuestados que habían sido víctimas de delitos violentos afirmaron no haber hecho las denuncias correspondientes por considerar que éstas no serían tomadas en cuenta por las autoridades. Al respecto, Betty Díaz, quien perdió a un hijo en manos del hampa, afirma que el problema está en que la realización de una denuncia es un proceso burocráctico exagerado “como para tomarse la molestia sabiendo que no se llegará a ningún lado”.

Freno de una reforma

En abril de 2006, el entonces Ministro de interior y Justicia, Jesse Chacón, creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) en una búsqueda por responder al creciente problema de la delincuencia en el país. Para ello, consultó con expertos, políticos, gobernantes y politólogos, se realizó una encuesta de victimización en todo el territorio y finalmente se elaboró un informe con recomendaciones para el Ejecutivo Nacional, quien según la Constitución debe elaborar los lineamientos para el diseño de las políticas de seguridad ciudadana.

Entre las recomendaciones, se encontraban el lograr un sistema integrado de naturaleza civil –y no militar- que permitiera la coordinación entre los cuerpos policiales, la creación de manuales de procedimiento e ingreso formales y la regulación de las mismas mediante la rendición de cuentas no sólo dentro de los cuerpos de seguridad sino también hacia la ciudadanía. En definitiva, se buscó propiciar una policía civil, profesional y respetuosa de los derechos humanos, pero el esfuerzo se vio truncado con el nombramiento de un ex militar como nuevo Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia quien, según el profesor Roberto Briceño-León en su informe La policía y su reforma en Venezuela, descartó el estudio por calificarlo como “de derecha” y no “socialista”.

Las recomendaciones pasaron al olvido hasta la creación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mediante el Decreto No 5.895 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional por iniciativa del presidente Hugo Chávez, quien hizo uso de las facultades que le otorgó la Ley Habilitante del 1 de febrero de 2007.

En el portal web de la PNB se hace referencia a los planteamientos de Conarepol, en donde se había sugerido la creación de una policía de este tipo. Según sus recomendaciones generales, la Policía Nacional debía cumplir funciones exclusivamente en situaciones con implicaciones internacionales, en situaciones que representaran multiplicidad de intereses en conflicto y en situaciones con desproporción manifiesta entre víctimas y victimarios. En cambio, la PNB que fue presentada al país en cadena nacional por la Secretaria del Consejo Nacional de Policía, Soraya Alchakar, como un modelo policial “de servicio público, de carácter civil” posee una Comisión Contra el Delito dentro de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) bajo la dirección de Freddy Bernal y tan sólo tres meses después de su creación –en marzo del 2010- efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), institución militar con competencias que no incluyen la actuación dentro de las zonas urbanas a menos de que una alteración en el orden del país lo amerite, engrosaron las filas de la PNB para completar 905 funcionarios según declaraciones del Primer Mandatario en un Consejo de Ministros transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) . En junio de este año, oficiales de la GNB pasarán a conformar el 25% de la PNB.

Impunidad en el sistema penal judicial

María Elena Delgado ha perdido a dos hijos en enfrentamientos entre bandas en Barrio Unión, al sur de Petare. “No es cuestión de poner o no poner la denuncia. Yo sé quién mató a mi hija, que estaba ahí afuera de mi casa tranquilita, pero si lo agarran la Fiscalía lo suelta en 2 días y, ¿para qué se va a meter un policía en ese rollo de que después un malandro lo ande buscando porque está suelto por ahí?”.

La impunidad no es sólo para los delincuentes comunes. Según un informe del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), actualmente 1.700 funcionarios de la Policía Metropolitana se encuentran “sometidos a investigación penal” en la Fiscalía y entre enero del 2009 y enero del 2010 se registraron 142 delitos cometidos por organismos de seguridad. De esos delitos, 49 corresponden al CICPC y sólo en 14 de ellos aparecen reflejados los imputados. Más grave aún, sólo 2 han sido sometidos a detención. Asimismo, un estudio realizado por la Alcaldía de Chacao en conjunto con LACSO muestra que sólo el 1,4% de los 6.034 funcionarios investigados por ajusticiamientos entre el año 2000 y el año 2005 fueron condenados.

Con un sistema penal judicial que no se ocupe de enjuiciar a los delincuentes, uniformados o no, el grave problema de la inseguridad no ve luz para solucionarse. Muchos oficiales habitan en los mismos barrios y sectores que los delincuentes a quienes deben apresar. Sin la garantía de que al cumplir su labor quienes sean detenidos se enfrentarán a la ley, los oficiales están desmotivados a ejercer su función policial debido a que el hacerlo puede representar una amenaza para su integridad física y la de sus familiares. Asimismo, los bajos sueldos de los oficiales y la impunidad que también ellos tienen en el sistema penal judicial son una tentación para aliarse con los mismos delincuentes a quienes se supone deben apresar.

Planes enfocados en cantidad, no calidad

Desde enero de este año, el Primer Mandatario ha anunciado diversos operativos especiales en carnaval, el fin de semana del 19 de abril y Semana Santa enfocados en la prevención de delitos en las vías públicas. También ha anunciado otros como el Plan de la Guardia del Pueblo, el Plan Caracas Segura 2010 y el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana orientados a aumentar la cantidad de funcionarios para prevenir delitos. Sin embargo, el problema no radica en la cuantía de equipos y funcionarios ni sólo en la prevención de los delitos, sino en la formación –o falta de ella- de los mismos y en el tipo de represión utilizado -o no- contra la violencia actual.

En una encuesta de victimización realizada por LACSO, el 93% de la población considera que los oficiales están involucrados en los delitos que ocurren en Caracas y en el informe La policía y su reforma en Venezuela, el profesor Roberto Briceño-León asegura que en Venezuela “tres de cada seis venezolanos piensa que los funcionarios siempre cometen los delitos mientras seis de cada diez opinan que lo hacen a veces”.

En contraposición con el aumento de oficiales y su dotación, el Plan de Prevención de Seguridad promulgado por el presidente busca llegar a la creación de la Policía Comunal, la cual propone un sistema de rendición cuentas a la comunidad a través de los Consejos Comunales como mecanismo para conseguir la confianza de la ciudadanía. No obstante, la solución depende del diseño de un nuevo modelo policial que implica un cambio de perspectiva y cultura al interior de la policía y demás autoridades involucradas en la seguridad nacional. El nuevo enfoque no sólo debe fomentar la cooperación entre cuerpos policiales para aumentar la eficiencia del sistema, sino también incluir lineamientos claros aplicables a todas las instituciones de esa naturaleza que guíen la regulación de las mismas respetando la dignidad y los derechos humanos.

* El nombre ha sido cambiado por petición de la declarante

PORTAL WEB DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA: http://www.policianacional.gob.ve/

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