Alcalde Ocariz pidió no politizar la lucha contra la violencia

FALTA DE COOPERACIÓN DEL OFICIALISMO AFECTA SEGURIDAD DE VECINOS DE SUCRE

Mario Silva acusó al director de la policía municipal de vivir en Miami a expensas de la institución

Mariana Bernárdez S.

El Municipio Sucre alberga aproximadamente a 1950 barrios y 45 urbanizaciones, y es hogar de 651.601 habitantes, según la proyección estimada por el Instituto Nacional de Estadística a partir del censo poblacional realizado en el 2001. A pesar de su extensión y densidad poblacional, la seguridad de los sucrenses al culminar la gestión del ex alcalde José Vicente Rangel Ávalos dependía de 180 funcionarios, 13 motos, 7 patrullas y una Academia de Policía clausurada.

A pesar de los pocos recursos humanos efectivos y financieros disponibles, la actual gestión del alcalde Carlos Ocariz ha hecho esfuerzos por disminuir la violencia en el municipio. Aún así, la falta de cooperación por parte del Gobierno central y algunas instancias oficialistas en materia de seguridad ha dificultado la resolución de estrategias y políticas efectivas en la lucha contra el crimen en el municipio.

Ángel Alvarado, antiguo Director de la Oficina de Análisis Estratégico, afirma que se han dado avances en las negociaciones con el gobierno central, pero no son suficientes: “el año pasado, por ejemplo, la reinserción del municipio en el Plan Caracas Segura fue muy positivo, pero hay mucho camino por recorrer. Tanto la policía municipal como nosotros en la alcaldía estamos haciendo un esfuerzo por atacar el problema de la inseguridad, pero con una plataforma institucional que permitiera coordinar las actividades de los distintos organismos policiales que trabajan en el municipio, los resultados serían más contundentes”.

Negativas de colaboración

Desde su toma de posesión en diciembre de 2008, el edil ha puesto como prioridad en su agenda asegurar el resguardo de los sucrenses. Sin embargo, politizaciones en la jurisdicción han entorpecido las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana.

En enero del 2009 el Director de la Policía de Sucre (PoliSucre), Comisario Manuel Enrique Furelos, fue informado de que tras una reunión de Coordinación Policial en la sede del Ministerio de Interior y Justicia, la Policía de Miranda y el cuerpo policial que él dirige fueron eliminados del Plan Caracas Segura. “No me dieron explicaciones. Simplemente me dijeron que eran ‘órdenes de arriba’”, aseguró Furelos.

La expulsión de PoliSucre de este plan de seguridad trajo como consecuencia la retirada de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana en la jurisdicción, así como también la clausura de un módulo policial en la Parroquia Caucagüita como consecuencia de una redistribución de oficiales municipales. Esto trajo como resultado una protesta en la vía pública por el descontento de los habitantes del Barrio Negro Primero, pero lo más grave de la situación fue la imposibilidad de atacar los delitos relacionados con el tráfico de drogas ya que por ley las policías municipales sólo tienen carácter preventivo y no pueden realizar investigaciones criminalísticas.

Por otro lado, el alcalde y representantes del CICPC, PoliMiranda y PoliSucre se reúnen semanalmente para estudiar los hechos de la semana anterior y definir las estrategias de la semana siguiente. “A partir de un reporte que incluye estadísticas y patrones de comportamiento del crimen, se precisa el modus operandi para combatirlo”, explicó el Comisario Furelos. “Esto ha estado en marcha desde enero del año pasado y se ha invitado antes la Policía Metropolitana y ahora a la Policía Nacional en numerosas oportunidades para definir tácticas más efectivas, pero nunca han asistido”.

Para el Inspector Jorge Pita, el trabajo conjunto de los diferentes cuerpos de seguridad podría significar una disminución considerable de homicidios y otros delitos porque implicaría, entre otras cosas, una distribución óptima de los mismos según sus competencias y una clara definición de las facultades y responsabilidades de cada uno: “PoliSucre, por ejemplo, se especializa en el patrullaje a pie, el cual es vital por las características de los barrios. Si estableciéramos un vínculo entre todas las policías, podríamos enfocarnos en nuestras destrezas para ser más efectivos y eficientes”.

Por su parte Furelos reconoce la importancia del trabajo en equipo para combatir la delincuencia: “el año pasado, durante las elecciones del 15 de febrero, se prohibió la venta de alcohol y los efectivos del Plan República estuvieron en la calle, pero se exigió el acuartelamiento de los demás organismos de seguridad y fue el fin de semana más sangriento de la gestión. Necesitamos trabajar mancomunadamente si queremos vencer este problema”.

Trabas municipales

Dentro del presupuesto realizado por la gestión de Rangel Ávalos para el 2009 no se contempló la mejoría del sistema de seguridad municipal. Por ello, en febrero de de ese año Ejecutivo Municipal solicitó a la Cámara Municipal la aprobación de un crédito adicional para el equipamiento de PoliSucre y la contratación de nuevos oficiales.

Diez meses luego de la primera solicitud y tras negociaciones con la Cámara Municipal, la consignación de firmas de habitantes del municipio y protestas de diversos sectores de la sociedad -incluidos algunos Consejos Comunales-, el crédito fue aprobado en el último trimestre de 2009, cuando ya se discutía el presupuesto para el 2010.El cuerpo legislativo, compuesto por doce concejales miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y una concejal de Primero Justicia (PJ), rechazó la petición en ocho oportunidades, alegando que no se especificaba el destino del crédito. Sin embargo, en las solicitudes se detallan la compra de 25 patrullas, 50 motos, 850 uniformes, el aumento salarial de los funcionarios y la contratación de 40 policías de circulación.

Frente al descontento dentro de la policía por la promesa vacía de un aumento salarial y de nuevos equipos, el alcalde fue a la sede ubicada en La Urbina para explicar a los funcionarios la situación con la Cámara Municipal. Asimismo, aseguró que continuaría pidiendo el crédito adicional y que una vez aprobado se les pagarían los bonos atrasado. También recordó que durante la gestión anterior a la suya fueron aprobados 240 créditos, algunos de ellos con poca o ninguna sustentación.

En búsqueda de soluciones

En su plan de gobierno, “El Chamo de Petare” propone la refundación de PoliSucre y el trabajo con la ciudadanía a través de la implementación de diez planes como políticas para ponerle fin a los delitos en el municipio. Al año de asumir la alcaldía, se han desarrollado 5 de esos planes, se ha alcanzado un total de 72 patrullas, 120 unidades motorizadas y más de 1000 funcionarios en servicio activo, se reabrió la Academia de Policía y se reactivaron las brigadas juvenil, canina y ciclista de PoliSucre.

En materia vial, se han incorporado 100 oficiales de circulación y el año pasado dos canales de contraflujo en Palo Verde y en El Llanito instaurados con la ayuda del Instituto Autónomo de Transporte redujeron el tiempo de tránsito de 70 a 15 minutos para quienes se movilizan de Petare a El Marqués.

En cuanto a los homicidios, se redujeron un 23% con respecto al año 2008 y hasta el momento, luego de un aumento del 14% en el presupuesto del 2010 para la adquisición de equipos, también se han reducido durante este año con respecto al 2009.

Estos resultados no se deben al gobierno central, ni exclusivamente a la alcaldía o a la policía, sino también a la colaboración de la comunidad. Durante la negativa ante la aprobación del crédito adicional, el sector privado, vecinos de Los Chorros, Sebucán y El Llanito y el Consejo Metropolitano y la Alcaldía Mayor donaron patrullas y motocicletas para incrementar el patrullaje en el municipio. Por su parte, el diálogo con asociaciones y Consejos Comunales para dictar talleres de seguridad y prevención ciudadana han derivado en una alta participación por parte de los habitantes del municipio, quienes además han ayudado a identificar patrones de comportamiento de bandas delictivas gracias a las denuncias realizadas a través de la recién instalada Oficina de Atención a la Víctima y su línea telefónica.

Retroceso

A pesar de la negativa inicial, luego de seis meses de reuniones con el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, PoliSucre fue reintegrada al plan. “Tuvimos una reunión muy positiva según el propio Ministro y ahora nuestra policía entra nuevamente al Plan Caracas Segura. Efectivos de Polimiranda, Guardia Nacional, Policía Metropolitana y PoliSucre trabajarán mancomunadamente para reducir los índices delictivos en nuestra jurisdicción”, expresó el alcalde en una rueda de prensa el 11 de agosto del año pasado. Una semana después, el apoyo permitió la desarticulación de una banda que operaba en Petare al atrapar a uno de sus cabecillas, un joven apodado Chuchín.

No obstante, el 15 de junio, Mario Silva hizo un llamado a Ministro para denunciar la supuesta agresión por parte de PoliSucre al candidato a diputado para la Asamblea Nacional, Jorge Amorín. Silva afirma que el militante del Psuv fue amenazado con disparos al aire, mientras un oficial del cuerpo policial asegura que el chofer de Amorín fue detenido por no llevar casco mientras manejaba una motocicleta, lo cual es motivo de multa. De cualquier manera, El Aissami responsabilizó a Ocariz de la integridad física del aspirante a la asamblea e informó que su despacho iniciará una investigación a PoliSucre.

Ante las acusaciones, el alcalde respondió con una carta en la cual expresó su sorpresa ante los señalamientos luego de la “relación fructífera iniciada el año pasado”. Asimismo, invitó al ministro a hacerle llegar cualquier medio probatorio de tal inculpación y solicitó formalmente que se proveyera de protección al candidato durante el tiempo que resta de campaña electoral para garantizar su seguridad personal.

Hasta la fecha, semejantes aprobatorios no han llegado al Despacho del Alcalde ubicado en las instalaciones del Edificio Prestigio Giorgio, en Boleíta.

Presidente Chávez afirma que ya han sido creadas 214 comunas

LEY ORGÁNICA AFIANZA AL SOCIALISMO EN VENEZUELA

Alcaldes de todo el país se reunirán este viernes en Caracas para discutir la Ley de Comunas y sus implicaciones

Mariana Bernárdez S.

El pasado 22 de junio fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica de las Comunas, la cual busca la refundación del Estado hacia un modelo socialista y el control del mismo por parte del Ejecutivo usando como pretexto el protagonismo del pueblo en el Poder Popular.

La Asamblea Nacional, la cual cuenta con una mayoría parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), declaró “de urgencia reglamentaria” el contenido de esta ley, lo cual evita un referéndum constitucional como el que fue rechazado en el 2007.

A pesar de que se han realizado Jornadas de Debate sobre la Ley de las Comunas en el territorio nacional, el dirigente comunitario del Casco Histórico de Petare, Franklin Aguiar, afirma que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social explica la ley pero no se debate: “dicen lo que les conviene de la ley, como les conviene, dizque dando protagonismo a la gente mientras que en el fondo las decisiones las toma el gobierno nacional”.

Control estatal a través del Poder Popular

La Ley de Comunas establece en su Artículo 2 que se rige por principios y valores de democracia participativa y protagónica, de autogestión y autogobierno, pero la exposición de motivos de la misma expresa que las comunas siguen los planteamientos fijados en una Carta Comunal que surge del Plan Político Estratégico Comunal formulado según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En este sentido, a pesar de surgir por iniciativa de los ciudadanos, en última instancia la comuna está supeditada a los lineamientos aprobados en Consejo de Ministros con la presencia del Presidente de la República.

Por otra parte, de manera indirecta el Ejecutivo Nacional prescribe a quienes delimitan las acciones de las comunas y decide también en qué se utilizarán la mayoría de los recursos dispuestos para ellas. Según el proyecto de ley, los Distritos Motores del Desarrollo, designados directamente por el Ejecutivo, “son quienes crean, consolidan y fortalecen la organización del poder popular y de las cadenas productivas socialistas en un territorio delimitado”. Adicionalmente, los Bancos de las Comunas deben el Decreto de Creación de estos distritos y el Plan de Desarrollo Económico de la Nación para ser acreedores de recursos.

Invasión de competencias

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional asegura que la ley está dentro del marco de la Constitución Bolivariana. Sin embargo, en el instrumento legal se mencionan términos como los Distritos Motores de Desarrollo, las entidades locales socialistas, el Estado Comunal, los jueces comunales, la jurisdicción especial comunal y las ciudades comunales, que no se encuentran en la Carta Magna y carecen de validez dentro de la actual legislación venezolana.

Por su parte, el diputado Darío Vivas declaró ante los medios que la oposición venezolana intenta desprestigiar a los Consejos Comunales y a las comunas: “contrario a lo que dicen, las alcaldías y gobernaciones mantendrán intactas las competencias que les confiere la Constitución”.

No obstante, según lo establecido en el Artículo 4 de la ley, “la constitución de la comuna podrá o no coincidir con los límites político-administrativos de los estados, municipios o dependencias federales”. Esta aseveración atenta contra la división político-territorial establecida en la Constitución, concentra la gobernabilidad en las comunas -dejando de lado la gestión de las alcaldías y gobernaciones- e intrinca la asignación de partidas presupuestarias especiales que las alcaldías deberían destinar a ellas según la ley.

Al respecto, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, declaró en rueda de prensa que las partidas no estarían adecuadas a los planes aprobados por los concejos municipales sino desarrollados según los lineamientos que dicte el Presidente, y que el dinero de las comunas estaría determinado por el poder central. De igual forma, en una entrevista realizada por Globovisión el pasado 3 de julio, calificó a las comunas de entidades ideológicas más que organizacionales, juzgando que “si usted no cree en el socialismo, en el comunismo o en el marxismo, está excluido de su gestión local”.

En el Municipio Sucre, durante una caminata en rechazo a la ley llevada a cabo en el Barrio Maca de Petare, el candidato a diputado de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera expresó que la ley “trata de darle más poder al gobierno a través de un embudo, no más poder al pueblo”.

Igualmente, Julio Borges señaló que la ley busca la fundación de un Estado Comunal que tenga a las comunas como células fundamentales “y eso atenta contra las alcaldías. Los municipios son las entidades fundamentales de la gestión local. La ley decreta la asfixia de las alcaldías, gobernaciones y Consejos Legislativos para instaurar la figura de los vicepresidentes regionales al estilo cubano”.

Comunas, Consejos Comunales y socialismo

Mientras en los Consejos Comunales hay consultas para formalizar un Presupuesto Participativo que responda a las necesidades de la población, en las comunas se pretende establecer una organización de trabajo denominada Sistema Económico Comunal en el que sólo se podrá operar bajo principios socialistas que eliminan la división del trabajo y colocan la propiedad social por encima de la individual.

En el portal del Ministerio el Poder Popular para las Comunas y la Protección Social, la Ministra Isis Ochoa afirma: “la Ley de Comunas no es más que una expresión amplia de lo que se ha venido realizando en los Consejos Comunales”, pero estos últimos son entidades de organización comunitaria circunscritos en los municipios que no pretenden la construcción de un sistema económico de propiedad social, mientras que las comunas, tal y como se expresa en la ley, son “un modelo socioeconómico legitimado por el Estado (…) que en el caso venezolano responde a los principios para la construcción del socialismo del siglo XXI” y buscan la cimentación de una economía socialista amparada en el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal que aún no ha sido aprobado.

Tanto en el Proyecto de Ley del Sistema Económico Comunal como en la Ley de Comunas, se establece que los Consejos Comunales deben participar en la construcción del socialismo. En el caso de la segunda, su Artículo 11 señala que una Comisión Promotora debe coordinar con los Consejos Comunales para difundir la información y promover la instalación de las comunas socialistas. Al respecto, el dirigente comunitario de la Parroquia La Dolorita, Abraham Blandín, opina que por esta partidización se ha evitado la conformación de Consejos Comunales con integrantes opuestos al gobierno: “la Comisión Local Presidencial del Poder Popular no está registrando a los Consejos Comunales que no sean oficialistas. La explicación que me dieron es que se está tratando de rescatar a los chavistas que alguna vez trabajaron como voceros o en los Comités de Trabajo, y como en las últimas elecciones en varios consejos ha ganado la oposición, entonces no los aceptan. Lo que quieren es implantar su modelo a como dé lugar y eso es antidemocrático”.

Según Ochoa, actualmente existen 36 mil Consejos Comunales constituidos, 10.670 en proceso de adecuación y 21.276 comités electorales designados para la consolidación de nuevos consejos. Ello significa que actualmente existe cabida para la creación de 36 mil comunas socialistas y potencialmente para otras 31.946.